Si las ventajas de compartir coche superan a las desventajas, lo más razonable sería mantener y fomentar esta práctica, y si ocurriera lo contrario, finiquitarla. Sin embargo, la clave a la pregunta no está en las ventajas o desventajas, sino en a quién benefician las ventajas. El discurso oficial reprueba la práctica afirmando que algunos se están aprovechando de ella, han pervertido su finalidad y se están lucrando ilegalmente. Sin embargo estos hechos son muy fácilmente subsanables. La posibilidad de legislar esta actividad de consumo colaborativo para que abandone la clandestinidad o para proteger a aquellos trabajadores que sí cumplen con sus obligaciones tributarias es en realidad un asunto secundario, un árbol que no debería impedirnos ver el bosque. Al criminalizar estas prácticas veladamente se apuesta por sus antagónicas, por un modelo social y económico que desdeña la cooperación y hace de la competición su centro de gravedad. Es evidente que los sistemas cooperativos procuran más ventajas sociales que desventajas, incluidas las derivadas de sus posibles abusos, abusos que pueden ser perfectamente neutralizados con una adecuada normativa. Entonces, ¿por qué desde el Gobierno y los altavoces mediáticos se presentan enmiendas a la totalidad y se promociona la prohibición de este tipo de consumo colaborativo? Quizá porque no se desea que la ciudadanía explore modelos de gestión de recursos que no sean de suma cero. No deja de resultar llamativo que en los discursos se entonen maravillas referidas a la cooperación entre las personas, pero luego esa cooperación se obstaculiza si se emplea en la esfera económica. Curiosa contradicción. Quizá interesada contradicción.
(Texto escrito por María Orellana y Josemi Valle)