Hacer mundo al declararlo

Obra de Edward B. Gordon

En muchas ocasiones las palabras  abren una sima infranqueable entre lo que una persona afirma y lo que querría haber afirmado. Se trata de un riesgo inherente a un lenguaje condenado a correr apresuradamente detrás de la realidad para verbalizarla y poder así comprenderla. Aunque resulte antitético, hablar, y sobre todo escribir, es intentar que las palabras digan lo que parece que se oponen a que pueda ser dicho. La realidad se presenta en ocasiones tan díscola que parece sabotear cualquier intento de domesticación lingüística. Cuando Wittgenstein confesó que «los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo» debía haber experimentado reiteradamente la frustración de no encontrar la palabra idónea para desencriptar algo del mundo. Las palabras pretenden dibujar una realidad que es dinámica y transitoria, justo lo contrario que la naturaleza de las propias palabras, artefactos sonoros o codificados en signos hechos de la sedimentación de la experiencia humana. La contumaz renuencia de la que hace gala la vida no admite una exacta gubernamentalidad empalabrada. Sin embargo, sin la participación de la palabra no es viable la vida políticamente compartida. Podemos formar una densa urdimbre social porque hemos inventado la alquimia del lenguaje. Somos alquimistas porque transformamos el mundo en palabra, pero sobre todo somos genios creadores porque estamos facultados para generar mundo simplemente declarándolo a través de la palabra. 

A día de hoy albergamos mas que suficiente  biografía de la humanidad para poder inferir que son las palabras cívicas elegidas con bondad y pronunciadas con respeto las posibilitadoras de la confortabilidad de la vida en común. Esta certeza no obsta para que nos aqueje un momento epocal en que el argumento más aceptado no es el discursivamente mejor construido, ni tampoco el esgrimido con respetuosa asertividad, sino el más envalentonadamente enconado. El enfado, la grosería, la barbaridad insidiosa, el relato estereotipado, la imputación de mala intención, el lugar común defendido con animosidad, suelen premiarse con la ultraviralidad y la difusión mediática. La espectacularización de la salida de tono opaca el uso moderado de la razón pública. La belicosidad y el irrespeto obstruyen la cooperación sin la cual es insostenible el mantenimiento del diálogo. La palabra lacerante restringe la avenencia recíproca con la que se tejen los nexos y se edifica toda posible convivencia. El estruendo sepulta el silencio requerido para pensar y deliberar en unas mínimas condiciones de higiene argumentativa. Cuando en vez de la palabra fraternal se emplean estas estrategias, no se busca solución ni consenso, sino azuzar la confrontación. La violencia discursiva ofrece muchos más réditos en el corto plazo que la palabra sosegada, pero solo desde la razón cordial se puede armonizar el desacuerdo hasta convertirlo en un pacto parcialmente satisfactorio para quienes son afectados por él. Aunque es sorprendente la cantidad de personas que no deben saberlo por cómo actúan, la palabra educada monopoliza la solución de cualquier desavenencia. Tanto en la conversación pública como en los círculos íntimos.

La violencia física puede destrozar un cuerpo, pero la violencia discursiva puede destrozar la totalidad de la persona. Con los estudios de ontología del lenguaje de Rafael Echeverría aprendimos que el sufrimiento descansa sobre los juicios que hacemos sobre aquello que sucede. Significa que podemos intervenir sobre los hechos que ocurren, pero que también pueden intervenir los demás. Aquí radica el compromiso que supone hacer un cuidadoso uso público de la razón, el deber cívico de elegir aquellas palabras que, a pesar de conllevar crítica, impugnación o cuestionamiento, no inflijan daño ni deterioro. Las declaraciones son extremadamente intrusivas en la vida de las personas, porque quien declara algo está construyendo el mundo con sus palabras, a pesar incluso de toparnos los límites del lenguaje. En este punto se demarca la sustancial diferencia entre recibir un golpe en el cuerpo y que alguien introduzca de golpe un mundo en nuestro mundo solo con declararlo. Tenemos una responsabilidad pública en todo lo que decimos y cómo lo decimos (o en aplaudir a quien lo dice). Al decirlo o al aplaudirlo construimos un mundo hecho a imagen y semejanza de nuestras palabras y nuestros aplausos. Pocas acciones demandan  tanta responsabilidad. 

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Lo que no tiene nombre

Obra de Guim Tios 

Se suele emplear la expresión «esto no tiene nombre» para subrayar un proceder indigno. Enuncia una mezcla de indignación e incredulidad ante lo que desborda por completo los límites de lo aceptable. «Lo que no tiene nombre» parece delatar la incapacidad del lenguaje para testimoniar un comportamiento tan aborrecible que las palabras se sienten inermes para abarcarlo, su molde lingüístico se revela demasiado estrecho para contener la abyección perpetrada. Asimismo en ocasiones afirmar que algo no tiene nombre es la forma de resaltar la gravedad perturbadora de los hechos. Este lugar común parece lamentarse de que la bajeza moral siempre albergará más podredumbre que la señalada por el lenguaje. Sin embargo, creo que sí tiene nombre aquello a lo que nos referimos cuando decimos que no lo tiene. No es que la infamia y sus derivados carezcan de un lugar en el diccionario, es que emitirlos nos obliga a la dolorosa admisión de su existencia. Su sola pronunciación identifica los fracasos cívicos de la familia humana, la evidente reiteración de esa acción que finalmente ha requerido ser visibilizada a través de la invención léxica. Si la palabra revela la sedimentación de la experiencia, que una palabra haya sido creada significa que aquello que denota ha ocurrido de forma recurrente. También ofrece la reconfortante certidumbre de que el ser humano está empecinado en ser mejor de lo que es. El anhelo de lo justo inspira a poner palabras a lo injusto para contrarrestarlo. 

Lo que no tenía nombre pasa a ser nominado para poder verbalizarse y compartirse en el espacio público. Muchas realidades infames que sí tienen nombre son ahora fácilmente detectables (y señaladas para incidir en su reprobación), porque hubo una primera vez fundacional en que se nombraron y pudieron trasladarse a una conversación pública que las deliberó, las comprendió y las estratificó éticamente. Es muy palmario que las palabras visibilizan lo que nuestros ojos no pueden ver, pero también visibilizan lo que miramos y no somos capaces de ver. El mundo deja de ser un acaecer informe cuando lo decantamos con el concurso del verbo. No es tarea nada fácil porque el lenguaje está condenado a correr apresuradamente detrás de los hechos para bautizarlos. Al nombrarse, lo ocurrido deja de ser borroso y recibe un contorno que lo acota y lo define. El lenguaje ofrece sentido a la empresa humana a través de narrativas que la articulan y la resignifican ininterrumpidamente. Muchos comportamientos que otrora fueron costumbre y se consideraban de sentido común ahora nos horrorizan porque los narramos con nuevo vocabulario y valoraciones éticas mucho más atentas que transforman por completo la fisonomía de esos mismos hechos. La palabra no solo cambia el mundo. Nos cambia a quienes lo habitamos.

A veces la abyección no es que no tenga nombre, es que se opta por la solemnidad de guardar silencio. Hay silencios que no son omisiones, sino mayestáticas formas de expresión que eligen la elegancia del enmudecimiento sin que se comprometan ni la indignación ni la repulsa. Este silencio sobreviene no por la ausencia de palabras, sino porque a pesar de conocerlas nos decantamos por no pronunciarlas para conferir mayor hondura a la narrativa de lo contemplado. El silencio se torna poco eficaz cuando irrumpe porque no sabemos qué recursos retóricos son las que expresan lo que querríamos decir, pero es muy válido cuando sustituye a unas palabras sobreentendidas. En este caso callar es una contundente forma de hablar.

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La ley del más fuerte

Obra de Tim Etiel

Se le atribuye al gánster Al Capone la siguiente afirmación: «Puedes llegar mucho más lejos con una palabra amable y una pistola que solo con una palabra amable». Nos encontramos ante una máxima en la que la bondad discursiva se subordina al lenguaje de la fuerza siempre propenso a crear relaciones verticales de dominio. Según el cinismo pragmático de este aserto, en los asuntos friccionales la palabra alberga cierta utilidad, pero solo atesora genuina eficacia si aparece escoltada por una amenaza creíble de daño en caso de que esa misma palabra sea desatendida, puntualizada o impugnada. Lo que nos enseña Al Capone es que cuando en una interlocución se advierte que el desacuerdo comporta consecuencias fatídicas, las palabras se cargan de fuerza coactiva para su destinatario. El disuasivo de emplear la fuerza encierra en una falsa elección al interlocutor, al que tácitamente se le ofrece una disyunción carente de disyuntiva: «o aceptas mi propuesta, o  de lo contrario tendré que hacer uso de la fuerza para que la aceptes».   

En muchos seminarios y talleres he utilizado este ejemplo de Al Capone para preguntar si la lógica que trata de implantar es realmente eficaz en la vida ordinaria compartida. Mayoritariamente las personas niegan la solvencia operativa de este dinamismo coaccionador. Entonces, les pregunto, ¿por qué se recurriría a la violencia, si la violencia no reporta réditos? Lo que propone Al Capone es lo mejor para él, pero es lo peor para todas, si todas las personas secundamos su prescripción. La imposición instiga una lógica de suma cero que encona a las personas y disuelve los vínculos afectivos y comunitarios imprescindibles para crear espacios cívicos en los que se expresa una vida democrática. Quien decide proponer este escenario tiene que saber anticipatoriamente que todo lo que se construye con coacción solo puede mantenerse con más coacción. En casos así el imperativo categórico que propone Kant es tremendamente esclarecedor para averiguar si hay racionalidad ética o no en nuestra forma de vehicularnos: «Actúa de tal manera que el principio de tu acción sirva a la vez de ley universal». Después de analizar las especificidades y particularidades de la situación que tratamos de resolver, ¿la resolución que hemos decidido implementar adecentaría el mundo si todo el mundo la aplicara también, o lo degradaría convirtiendo la convivencia en un hito imposible de alcanzar?  

Hace unos años publiqué un libro titulado El triunfo de la inteligencia sobre la fuerza. Este título nació una mañana mediterránea en la que me dediqué a pensar una definición de diálogo con la que abrir la conferencia inaugural de un congreso al que había sido invitado. Pensé que una forma de captar la atención del auditorio de manera inmediata sería comenzar afirmando que el diálogo acontece cuando la inteligencia derroca a la fuerza. Evidentemente este triunfo no ocurre en todas las ocasiones, y cuando ocurre siempre es parcial y provisional, precisa volver a disputarse en una agotadora lógica de eterno retorno. Sin embargo, su contracara, el triunfo de la fuerza sobre la inteligencia, sucede cuando la decisión adoptada beneficia de manera arbitraria a una de las partes en detrimento del bien común al que aspiran todas las demás. Por eso se recurre a la fuerza, o se conmina con emplearla. Conviene traer a la memoria que la fuerza puede trastocar la conducta de una persona, pero no su voluntad. Ese es el motivo de que ante una amenaza las personas se vean forzadas a actuar en contra de su consentimiento. Ahora bien, en este punto cabe recalcar que sin la cooperación de la voluntad de las personas se torna inviable construir nada digno y próspero con ellas. El mundo solo se humaniza cuando se construyen contextos y situaciones bien avenidos (paz positiva, conglomerado de sentimientos de apertura al otro, sensación de equidad) en los que una persona, organización o estado puede decir no a algo que juzga injusto sin que nada ni nadie peligre por ello. Lo contrario es la barbarización. La acivilidad. La fuerza bruta.

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Hacer un buen uso público de la razón

Obra de Noell S. Oszvald

Como ciudadanía que habita el resultado de acciones concertadas tenemos el derecho a opinar, pero si nos acogemos a ese derecho resulta irrenunciable el deber de que el uso público de nuestra razón sea fruto de un ejercicio reflexivo y no de una arbitrariedad, una creencia privada o un posicionamiento acrítico. Uno de los momentos en los que más disfruto cuando pronuncio una conferencia se da en el instante en que alguien me formula una pregunta para la que no dispongo de respuesta, o no al menos de una lo suficientemente sólida. Mi contestación siempre es la misma: «Sobre lo que me pregunta no tengo una opinión formada como para atreverme a compartirla en el espacio público». Decir «no sé» deviene en delectación cognitiva en un tiempo donde parece que una gran mayoría de personas goza de un criterio experto sobre cualquier asunto. La libertad de expresión es un derecho cuya conquista merece plausibilidad, pero no obliga a visibilizar la opinión sobre cualquiera de los ilimitados acontecimientos que dan textura a la vida con su inagotable fluir. En muchísimas ocasiones mantenernos callados es una deferencia que deberíamos tener no solo con nuestra persona, sino con el cuidado que precisa el debate público y el respeto a algo tan medular como la reflexión crítica. Es un aspecto axial de la vida compartida,  porque el pensamiento crítico alberga la capacidad de configurarnos como ciudadanía creadora de un marco político común. Sin matices, sin precisiones, sin puntualizaciones, el pensamiento se vacía de pensamiento. Y para que la reflexión encuentre matices, pormenorización, excepciones, especificidades, hay que pensar mucho y urdir exigentes criterios de evaluación. 

Bajo estas premisas, ¿solo pueden participar de la conversación pública los miembros de la academia, los ilustrados, la plebe intelectual, el proletariado cognitivo, los medios convencionales de comunicación, quienes han estudiado sobre ámbitos concretos de la heterogénea realidad? ¿Puede la ciudadanía aportar valor al diálogo público sobre aquellos asuntos que le atañen, o esas cuestiones hay que delegarlas en la autoridad de la tecnocracia y la expertocracia y que sea ella quien discurra por los demás? Aquí conviene apuntar inmediatamente que existen los juicios demostrativos y los juicios deliberativos. Los primeros se pueden demostrar, los segundos, no, y no nos queda más remedio que pensar en torno a la calidad argumentativa de su contenido. Lo justo, lo deseable, lo bueno, escapa al rigor de las ciencias exactas, pero no al del argumento destinado al espacio político donde contemplamos posibles respuestas que nos confrontan como ciudadanía. Ni el despotismo tecnológico ni la metodología cientifista pueden explicar cuestiones que solo son susceptibles de ser dirimidas con la práctica deliberativa. Le compromete a nuestra condición ciudadana examinarlas, dialogarlas, parangonarlas, en tanto que en las respuestas que ofrezcamos y que mayoritariamente consensuemos anida la persona que seremos. Este cometido es crucial, porque cuando la palabra declara el mundo, hace el mundo que declara.

Aristóteles sostenía que el ser humano es el animal que habla porque necesita deliberar en torno a estas cuestiones radicalmente humanas. Ningún otro animal dedica tiempo a dilucidar qué es lo conveniente o lo inconveniente para que la existencia sea un lugar apetecible. La deliberación se erige así en la fórmula adecuada para construir argumentos que sirvan para acotar y levantar el espacio de lo común, y a la vez evitar la deflación democrática que supone negar la palabra a quienes son los más afectados por las decisiones que se toman en la arena política. Se habla mucho de la desafección política de la ciudadanía, pero muy poco de la desafección ciudadana de los políticos. La desafección ciudadana sucede cuando se restringe el acceso a la conversación pública y a la participación sobre la construcción de lo común, o solo se promociona en ágoras ruidosos y maleducados. Somos los pacientes de decisiones sobre las que nuestra condición ciudadana debería exigir ser también sus agentes, aunque esta demanda comporte el requisito cívico de hacer un buen uso público de la razón. Que elijamos a nuestros representantes a través de un voto que depositamos en una urna cada cuatro años es perfectamente compatible con una mayor participación sobre cuestiones asociadas a la vida que queremos y cómo la queremos. Deliberar al unísono para pensar qué es vivir bien y qué podemos hacer para aproximarnos incesantemente hasta allí.   

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